Comisión Sobre la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA

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Reciban el cordial saludo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, institución que representa a 61 organizaciones de derfdensa de derechos humanos en el Perú y que cuenta con acreditación para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos.

Adjunto el documento que sintetiza los resultados de la consulta regional preparatoria de la reciente Cumbre de las Americas, elaborada por nuestro colectivo a través del Instito de Defensa Legal, miembro de nuestra red nacional.

En la consulta intervinieron ocho paises de la region (Mexico,Guatemala, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Peru) y cerca de cien organizaciones (en su mayoria de derechos humanos, pero tambien de mujeres, defensorias del pueblo, empresarios y otros).

El texto fue enviado la semana pasada, dias antes de la cita de Quebec, a las instancias pertinentes de la OEA y de la Cumbre. Por sus caracteristicas y las minimas modificaciones hechas en la Cumbre a los proyectos de Declaracion y de Plan de Accion, creemos que la sintesis que adjuntamos es un texto que mantendra su vigencia, tanto para el seguimiento a la implementacion de los acuerdos adoptados como a las demandas que en el se hacen.

Proximamente organizaremos un seminario a nivel nacional para debatir publicamente sobre varios de los aspectos de esta consulta.

Agradeciendo su gentil deferencia, quedo de usted.

Atentamente,

Sofía Macher
Secretaria Ejecutiva

En preparación de la tercera Cumbre de las Américas, cerca de cien organizaciones de ocho países de la región intervinieron durante los primeros meses de éste año en una consulta sobre temas de democracia, derechos humanos y estado de derecho. Los aportes que surgen de éste proceso identifican con precisión los requerimientos existentes en temas tan importantes como sensibles para la región y constituyen una valiosa contribución que la Cumbre de Quebec debería considerar al momento de adoptar el Plan de Acción y la Declaración final.

A continuación, presentamos una síntesis, en tres grandes áreas, de los resultados de dicha consulta para su consideración.

A) Cinco temas prioritarios en la agenda regional de derechos humanos.

Las organizaciones consultadas han expresado un alto grado de coincidencia al identificar las prioridades que debe tener la agenda regional de derechos humanos. Cabe destacar que, aunque la mayoría son organizaciones que trabajan en este campo, hubo un número significativo de organizaciones que se desempeñan en otros ámbitos.

Las siguientes son las prioridades a las que, en nuestra opinión, el proceso de las Cumbres debería prestar especial énfasis:

1. Primera prioridad: Hacer justicia, poner fin a la impunidad.

Esta es una demanda crucial en el Hemisferio. Su satisfacción o no, compromete la credibilidad del proceso de las Cumbres y por tanto, su propia viabilidad.

La demanda abarca un conjunto de aspectos. En algunos, ya considerados en versiones preliminares del Plan de Acción, es importante reclamar firmeza para que no se dejen de lado. En otros, es necesario llamar la atención sobre la omisión para que sean incluidos en los textos definitivos.

Saludamos que el Plan de Acción asuma la "determinacion de combatir y eliminar la impunidad en todos los niveles"(2-C) y confiamos en que los siguientes planteamientos, orientados a lograr el anhelo de justicia, sean atendidos.

1. Ratificar los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.

Saludamos que el Plan de Acción inste a los estados a "firmar, ratificar o adherir, segun sea el caso, y al menor plazo posible todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos"(2-B). Creemos que esta es una responsabilidad ineludible y tiene una importancia de primer orden.

Instamos a que tales normas tengan rango constitucional y consideramos indispensable que se remarque la necesaria adecuación de las legislaciones nacionales a los estándares internacionales que tales compromisos presuponen. La necesidad de desarrollar, revisar e instrumentalizar leyes, procedimientos, códigos y regulaciones para garantizar la compatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales, integrando los principios de los instrumentos internacionales en las leyes, políticas y prácticas nacionales.

A sabiendas que muchos jueces no aplican legislacion internacional por desconocerla, se debe brindar asistencia a los Estados para cumplir con los compromisos que asuman y propiciar que el Comité Jurídico Interamericano preste asistencia técnica a los Estados para adecuar el derecho interno a las disposiciones de los tratados, creando comisiones en las que se incorporen representantes de la sociedad civil.

Cabe hacer en este punto, especial mención a la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, por su importancia en la lucha regional y global contra la impunidad que históricamente ha prevalecido en el tema de los derechos humanos y para enfatizar la importancia que asignamos al siguiente punto.

2. Adecuar las legislaciones nacionales para el ejercicio efectivo de la jurisdicción internacional.

No se debe olvidar que algunas democracias de la región comparten el dudoso privilegio de haber legislado para hacer realidad la impunidad y que delitos de lesa humanidad fueron cometidos por fuerzas de seguridad coordinadas regionalmente.

Es muy importante que en el Plan de Acción se señale que los Estados "Combatiran, de acuerdo al derecho internacional, el genocidio, los crimenes contra la humanidad y los crimenes de guerra, dondequiera que se produzcan"(2-D); pero es imprescindible que inmediatamente se adopten las medidas pertinentes para garantizar que no existan vacíos legales ni impedimentos constitucionales que dificulten el ejercicio de la obligación de los Estados de hacer efectiva la jurisdicción universal en tales casos.

3. Fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Desde la sociedad civil se han aportado al proceso de las Cumbres diversos estudios y recomendaciones que compartimos en éste campo. Importantes aspectos de estas propuestas se han recogido en la Declaración y el Plan de Acción.

Entre éstos, queremos enfatizar los siguientes puntos considerados en el Plan de Acción (2-G): a) La necesidad de "medidas concretas para fortalecer y perfeccionar el sistema, en particular el funcionamiento de la Comisión y de la Corte"; b) La orientación "a la universalización del sistema"; c) La obligatoriedad del "cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión"; d) "La facilitacion del acceso de las personas a este sistema de proteccion"; e) "El incremento sustancial de los fondos asignados para mantener sus operaciones"; f) "El examen de la posibilidad que la Corte y la Comisión funcionen de manera permanente".

Añadiremos que la Cumbre debe considerar en éste punto un llamado para la completa incorporación en el sistema de todos los países del Hemisferio. La profundización del sistema interamericano requiere resolver la integración efectiva de todos los Estados involucrados.

4. Cumplir con las obligaciones y acatar las decisiones.

Particular importancia reviste el hecho de que en numerosas ocasiones Estados de la región han hecho caso omiso a las obligaciones contraidas en los instrumentos de derechos humanos o a las recomendaciones y decisiones emanadas de sus órganos competentes; y, adicionalmente, que tales acciones han merecido la tolerancia o complicidad de la comunidad de naciones del Hemisferio.

En este sentido, es importante el apoyo expreso que el proyecto de Declaración brinda tanto a la Comisión como a la Corte y su insistencia en perfeccionar "la observancia de las recomendaciones de la Comisión y el cumplimiento de las decisiones de la Corte".

Sin embargo, es urgente crear mecanismos de supervisión del cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales expedidas por la Comisión y la Corte, establecer un sistema de informes y rendición de cuentas del acatamiento de recomendaciones y decisiones;

y considerar el establecimiento de sanciones para los Estados que no cumplen sus obligaciones internacionales

5. Garantizar la independencia del Poder Judicial.

El Plan de Acción propuesto plantea que se "fomentaran medidas para fortalecer la independencia del Poder Judicial mediante iniciativas que incluyan la transparencia en la selección de autoridades judiciales, seguridad de permanencia en el cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la sociedad"(3-D).

Sin embargo, en una región en que la debilidad institucional y la subordinación al poder han caracterizado a los tribunales, es necesario ser más enfáticos. Para lograr que los sistemas judiciales respondan de manera eficaz ante las violaciones de derechos humanos es condición fundamental eliminar cualquier forma de control o influencia política sobre ellos, estableciendo un sistema institucional que responda a un Estado democrático de derecho, en el que existe una separación de poderes y mecanismos de control del poder.

El Plan de Acción debería añadir quelos órganos políticos no deben intervenir en el proceso de selección y nombramiento de los jueces; debería instar a que exista una carrera judicial, programas de formación contínua y seguridad y permanencia en el cargo para los magistrados. El Plan de Acción debería comprometerse a que el Poder Judicial sea conducido por órganos de gobierno autónomos y a que se implementen sistemas de vigilancia interna y mecanismos de control de las decisiones del Poder Judicial que incluyan la participación de la ciudadanía. Asimismo, debe asegurarse la participación de la sociedad civil en los procesos de reforma de los sistemas de justicia.

6. Limitar los Tribunales Militares a sus funciones disciplinarias.

Nada se dice al respecto en los proyectos de Declaración y de Plan de Acción, pese al sobredimensionamiento distorsionador y nocivo para la democracia de los tribunales militares en muchos países de la región, y al papel que les ha tocado cumplir en el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos.

Es preciso que se limite la competencia de la justicia militar sólo para aquellas infracciones de naturaleza militar a los reglamentos y normas militares cometidos por personal en actividad (delitos de función), excluyendo las comunes y las cometidas contra los derechos humanos.

7. Medidas complementarias.

Además de las reformas en el plano normativo se requieren otras en el plano del funcionamiento de las instituciones de control penal (judicatura y especialmente en la situación carcelaria). Debe fortalecerse los aparatos de investigación del delito (el Ministerio Público y la policía); en particular, contar con Ministerios Públicos autónomos y altamente profesionalizados para asegurar su eficacia y evitar la impunidad.

Añadimos también la relevancia de fortalecer las Defensorias del Pueblo, de contar con presupuestos adecuados, con iniciativas para superar las diferencias linguísticas y con programas para la protección de testigos.

El Plan de Acción establece adecuadamente que se "apoyarán iniciativas y programas públicos y privados para la educación de las personas sobre sus derechos de acceso a la justicia; e impulsarán las medidas que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia"(3-B). Pero esto no basta. El acceso a la justicia es aún un gran problema, especialmente para la población de escasos recursos y ésta dificultad es un elemento que contribuye a la impunidad.

En la promoción de programas que alienten el trabajo de los Jueces de Paz, de formas de justicia comunitaria y de mecanismos de conciliación, se puede afianzar una franja importante de sistemas complementarios en nuestras sociedades que pueden denunciar y controlar múltiples abusos que el sistema judicial deja de lado.

Finalmente, y no por eso menos importante, debe destacarse el valor que han tenido y tienen formas de justicia transicional para la recontrucción de la paz y la democracia. En particular, las Comisiones de la Verdad en su papel de revisión de los hechos y las secuelas que pautan comportamientos negativos, en su capacidad de plantear recomendaciones y reformas para que las atrocidades no se repitan, y en su complementariedad a los sistemas de justicia para frenar la impunidad.

El proyecto de Declaración establece el compromiso de "no escatimar… esfuerzos para liberar a nuestros ciudadanos de las condiciones deshumanizantes de la pobreza extrema", reduciendo "la proporción de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema en un 50% para el año 2015". El Plan de Acción se propone "encarar el desafío mas apremiante que efrenta el Hemisferio: la erradicación de la pobreza"(11-A). No se equivocan.

En el Hemisferio, millones de personas sobreviven en condiciones en las que están ausentes la mayoría de sus derechos mientras los gobiernos se muestran incapaces de enfrentar esta situación. Los pobres han crecido en términos absolutos y relativos.

La pobreza no debe ser sufrida en silencio ni debe ser tolerada por quienes están en situación de cambiarla. La falta permanente de disfrute de los derechos económicos y sociales por la gran mayoría de la población del continente revela que no sólo es la invisibilidad de éstos derechos el problema, sino que estamos ante una práctica sistemática de violación de los derechos humanos.

No se comprenden las razones por las que se ha eliminado del Plan de Acción el reconocimiento hecho en la versión anterior de que "la pobreza y las disparidades económicas persistentes en las Américas tienen repercusiones perjudiciales sobre el crecimiento económico y sobre la estabilidad política y social" y que para solucionar el problema de la pobreza y la desigualdad deben desarrollarse políticas de derechos humanos. Pero menos se comprende que, pese a las positivas afirmaciones que hemos citado, el proceso de las Cumbres no haya avanzado en compromisos concretos desde una perspectiva de derechos.

El Plan de Acción reconoce "que la proteccion universal y la promocion" de todos los derechos humanos "con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia" ... "son fundamentales para el funcionamiento delas sociedades democráticas"(2-A). Pero se queda en el plano declarativo.

Es imprescindible que se reafirmen los derechos económicos, sociales y culturales como derechos exigibles y justiciables, pues éstos todavía gozan de mecanismos de protección menos garantistas que los derechos civiles y políticos. Hay que desarrollar los mecanismos para la justiciabilidad de estos derechos, mecanismos que perfeccionen su protección en el ámbito del sistema interamericano.

El Protocolo de San Salvador de 1988 contiene normas específicas sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y además tiende a superar la distinción tajante que se hacía en relación a la posibilidad de utilizar mecanismos de protección únicamente para los derechos civiles y políticos. Esto es positivo, pero insuficiente.

Se requiere el compromiso de la Cumbre para lograr avances concretos en este campo y la consideración de mecanismos complementarios, tales como el nombramiento de un Relator de la CIDH sobre el tema; el establecimiento de informes periódicos y mecanismos de rendición de cuentas con participación de la sociedad civil; ampliar el derecho de petición individual a otros derechos económicos, sociales y culturales; y garantizar un incremento significativo del gasto social en el ámbito nacional.

Dado que el proceso de las Cumbres tiene entre sus pilares la integración económica, es fundamental que simultáneamente asegure la exigibilidad de los DESC y reconozca la primacía de los tratados de derechos humanos sobre los acuerdos comerciales. Los Estados no pueden ignorar sus obligaciones frente a los DESC aún cuando negocien a escondidas y sin debate público, acuerdos comerciales que deben ser coherentes con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Es indispensable recordar en los documentos que apruebe la Cumbre, que los Estados no sólo tienen el deber de garantizar los derechos humanos; también tienen la obligación de promoverlos. La promoción de los derechos humanos es clave para su reconocimiento, para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y para el aprendizaje de valores.

Los Estados, en estrecha relación con la sociedad civil, deben diseñar e implementar políticas públicas de promoción y difusión de los derechos humanos que tengan el objetivo de modificar comportamientos sociales y prácticas privadas lesivas a los derechos humanos; que prevean la formación y capacitación permanente de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y establezcan reglas de conducta para todos los funcionarios públicos que garanticen el derecho de los ciudadanos a ser tratados en condiciones de respeto e igualdad. Esto debe ser alentado por la Cumbre.

En éste contexto, el Plan de Acción debe ser más enfático para reclamar "medidas para promover e instrumentar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos"(2-J) y a su vez, la Cumbre no puede dejar de exigir con firmeza el cese inmediato de los ataques y del hostigamiento a los defensores de derechos humanos

Pero en éste campo, resulta fundamental el combate frontal contra la discriminación en todas sus manifestaciones, abarcando el amplio espectro de las víctimas por identidad.

Los derechos humanos se sustentan en los principios de igualdad y no discriminación y hacen imprescindible implementar acciones y leyes especiales para erradicar los factores que contribuyen a perpetuar las conductas o estereotipos que ocasionan la violación de éstos principios en manifestaciones de discriminación de diversa índole.

No obstante, si bien se ha registrado un avance en el ámbito normativo y jurisprudencial en los sistemas internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos, el Hemisferio aún esta plagado de casos intolerables de discriminación.

El propuesto Plan de Acción debiera ser más enfático para poner fin a "la difusion de … estereotipos negativos sobre la mujer, etnias, grupos sociales y otras agrupaciones coadyuvando de esta forma a la promoción de cambios en las actitudes y pautas culturales y proyectando imagenes plurales, equilibradas y no discriminatorias"(1-M).

Valoramos el compromiso adoptado en el Plan de Acción de que se "tomarán medidas concretas, al nivel nacional, para promover y fortalecer el respeto a las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas incluyendo los derechos humanos de la mujer, del niño, de los pueblos indigenas, migrantes, repatriados, personas con discapacidad y grupos vulnerables o discriminados"(2-B) y de que se adoptarán medidas "para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregacion y explotacion ejercida"(3-Zb) contra estos grupos; pero llama la atención y resulta inaceptable que aquí y en ningún otro lugar del Plan de Acción se haga referencia o se protega a las víctimas de violaciones de derechos humanos por el sólo hecho de su orientación sexual; así como las muy escasas referencias a los ancianos y personas con discapacidad.

De primera importancia son, sin embargo, las consideraciones a la discriminación que sufren las mujeres, a la necesidad de adoptar una consistente perspectiva de género, y el propósito de "prohibir y eliminar todas las formas de discriminación basadas en el género ... alcanzando la meta de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres antes del año 2002"(2-U).

Destacamos particularmente las indicaciones del Plan de Acción para que se "incorpor(en) plenamente los derechos humanos de la mujer en la agenda de trabajo de las instituciones hemisfericas"(2-S); para "que la perspectiva de género esté integrada en todas las políticas, programas y proyectos"(14-B); para que "solicit(en) a la OEA y particularmente a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), facilitar la integración de la perspectiva de género en el trabajo de todos sus organos, agencias y entidades"(2-T); y para "garantizar que la igualdad de género sea una dimensión integral del diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y programas gubernamentales e interamericanos en todos los campos" (14-A).

Compartimos el reconocimiento de "que la potenciación de la mujer, su plena e igual participación ... y su igualdad de oportunidades ...son todos fundamentales para: la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad ... el desarrollo sostenible ... la consolidación de la democracia ... (y) que estos principios son la base para promover la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer en las Américas y para trabajar hacia la eliminación de una amplia gama de desigualdades aún existentes"(14-pre).

Respaldamos que se "desarrollen políticas y medidas adicionales para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica"(2-V) y para que se aborden "los prejuicios de género en la contratación, las condiciones de trabajo, la segregación ocupacional y el acoso sexual, la discriminación en materia de prestaciones sociales, la salud e higiene ocupacional de las mujeres y la desigualdad de oportunidades de avance profesional"(10-H).

Es igualmente importante que el propuesto Plan de Acción asuma el compromiso de "concluir con todas las formas de racismo", por su persistencia en el Hemisferio y la inminente Conferencia de las Naciones Unidas.

Resaltamos que el Plan de Acción reconozca que "los pueblos indígenas de las Américas ... necesitan medidas especiales para alcanzar su pleno potencial humano y que su inclusión en nuestras sociedades e instituciones es un elemento valioso para el continuo fortalecimiento, no sólo de los derechos humanos en nuestra comunidad hemisférica, sino también en un sentido más amplio, de nuestras democracias, economías y civilizaciones"(15pre). Y que reconozca también "el valor de sus cosmovisiones, los usos, las costumbres y las tradiciones" y el deber de "respetar las expresiones culturales de los pueblos indígenas"(15-B); por lo que "promoverán y divulgarán ... el aporte de los pueblos indígenas en la formación de la identidad nacional en los países en los que habitan"(15-E).

En el campo de la niñez y adolescencia el Plan de Acción se propone correctamente "establecer, fortalecer e implementar políticas públicas tendientes a asegurar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes"(17-B); "asegurar la efectiva implementación y seguimiento de los derechos de los niños y las niñas"(17-G); y la "protección contra la discriminación, la desigualdad, el abuso, la explotación y la violencia"(17pre), sin descuidar el rechazo a la participación de la niñez en conflictos armados (17-A).

Finalmente, es positivo que el proyecto de Declaración reconozca las contribuciones de los migrantes y se comprometa a "asegurar el respeto a (su) dignidad, … a la protección y defensa de sus derechos … (y) atender (sus) legitimas necesidades"; y que el Plan de Acción anuncie que se "Establecerá un Programa Interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes"(2-O).

Creemos que para la implementación de todos estos puntos deben establecerse mecanismos que permitan su seguimiento y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

4. Cuarta prioridad: Garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión.

Es preciso destacar este tema poniendo el énfasis en la libertad de acceso a la información como un derecho humano y una garantía democrática de buen gobierno.

Hay que erradicar la cultura del secreto que prevalece en las esferas gubernamentales de nuestros países y señalarla como violatoria de nuestro derecho.

El propuesto Plan de Acción reconoce que "la buena gestión de los asuntos públicos exige participación ciudadana y controles efectivos"(1-E) y demanda "transparencia en la gestión pública y rendición de cuentas publicas"(1-R); pero sólo tímidamente plantea que las legislaciones nacionales deben "garantizar la protección, promoción y respeto de …. la libertad y el acceso a la información"(1H), así como "facilitar la participación de la sociedad … la transparencia de los procesos de toma de decisiones … (y) para divulgar … información emanada de todos los niveles de gobierno"(1-I).

Es menester que se respalden iniciativas tales como la de Los Principios de Lima y la Declaración de Chapultepec, promoviendo las medidas que permitan su implementación sin dilaciones.

El propuesto Plan de Acción comete el error de definir (4-D) con extrema amplitud el tema de la seguridad nacional, prestándose de ésta manera al continuismo de una política oscurantista que no cambiará mientras no se adopten definiciones restrictivas en el tenor de las documentos mencionados en el párrafo anterior y otros internacionalmente aceptados.

Del mismo modo, pese a que la libertad de expresión constituye uno de los pilares de un sistema democrático, constantemente se expresa preocupación por la falta de libertad de expresión en la región y las constantes presiones directas e indirectas a su libre ejercicio, limitando la "libertad de investigar y publicar sin miedo" (2-Za).

En ese sentido, celebramos el compromso del Plan de Acción de que los Estados"asegura(rán) que los medios de comunicación esten libres de intervenciones arbitrarias"(1-K); que deberán "garantizar medios de comunicación libres, abiertos e independientes" (1-L), y "asegurar que su legislación nacional sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales"(2-Z). Acá debería añadirse el respaldo a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión aprobada por la CIDH.

5. Quinta prioridad: Subordinar las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido.

El proyecto de Declaración reconoce con toda claridad "que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades civiles legalmente constituidas es fundamental para la democracia". A su vez, el Plan de Acción destaca correctamente que ésto "contribuye al mejoramiento de la seguridad nacional"(4-A).

Remarcamos la necesidad de revisar la ubicación institucional de las fuerzas de seguridad, sus roles muchas veces más amplios que los de defensa, y el indispensable control de la autoridad democrática. Sobre éste último aspecto, llama la atención no sólo la amplitud de la definición de seguridad nacional sobre la que ya hemos hecho mención y que en este caso alude a la extensión de las atribuciones de los institutos armados, sino y especialmente, el hecho de que permanezca entre corchetes un punto del Plan de Acción que consideramos crucial y que llama a promover "una mayor supervisión civil de las instituciones de defensa y seguridad"(4-C). La Cumbre claudicaría en las afirmaciones que hemos citado en el párrafo anterior si se retira éste punto.

La reforma a la que aludimos líneas arriba, debería considerar a su vez, reformas sobre los acuerdos y organismos vinculados al tema de seguridad en la región y evitar la militarización de la represión al narcotráfico, y ser parte de "la revisión de todos los temas que se refieren a los enfoques sobre la seguridad internacional en el Hemisferio"(2-B).

La consulta regional identificó la conveniencia de contar con un compromiso, como ocurre en otros foros de la región, que afirmára la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho como requisitos para participar del proceso de las Cumbres. Vemos con agrado que el proyecto de Declaración hace de "el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho … condición esencial" para la presencia en las Cumbres y que, "en consecuencia, cualquier alteración institucional o ruptura del orden democrático … constituye un obstáculo fundamental para la participación … en el proceso de las Cumbres de las Americas".

Mas aún, nos parece de suma importancia que en el proyecto de Declaración se instruya a los "Ministros de Relaciones Exteriores para que, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que sistematice y refuerce los instrumentos existentes de la OEA para la defensa de la democracia representativa".

La consulta identificó la demanda para que se adopten medidas para prevenir cualquier alteración del orden democrático y que el sistema interamericano adquiera la capacidad de reaccionar con eficacia cuando esto ocurra.

Para avanzar en éste camino se deben identificar y adoptar estándares que reduzcan el margen de discrecionalidad de los Estados en el momento en que tengan que tomar una decisión. Se requiere de estándares democráticos definidos con precisión (para prevenir y calificar) y especificar las situaciones en las que se aplicarán y que deben abarcar otras que vayan más allá de los tradicionales golpes de estado.

El énfasis debe colocarse en evitar que se produzcan los hechos. Actualmente no existe un sistema de prevención y con los estándares se tendría un sistema de alerta temprana.

La identificación y adopción de estándares es necesaria para dar más competencias a órganos internacionales y asegurar que su ámbito de decisión subjetiva se haya recortado. Se habrán de determinar las medidas susceptibles de adoptar, revisando la posibilidad de ciertos tipos de sanciones en casos extremos, y el modo de aplicación de un instrumento de tal naturaleza, optando por mecanismos de votación y decisión razonables, siempre dentro del sistema de la OEA.

En su oportunidad, deberán establecerse diversos indicadores que faciliten el monitoreo del cumplimiento de los estándares con participación de la sociedad civil, y exigir la presentación de informes periódicos.

Es necesario tomar en reconocer que la democracia es una condicion fundamental para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza y la desigualdad. Pero fundamentalmente, se debe considerar y afirmar la interrelación e interdependencia existente entre el respeto de los derechos humanos, la vida en democracia y la vigencia del Estado de Derecho.

C) Un camino a recorrer con las empresas.

La influencia que ejercen los actores económicos en las decisiones políticas internacionales y nacionales esta creciendo y hace necesario prestar mayor atención a sus roles y respnsabilidades. A su vez, las expectativas sobre las empresas están cambiando, hay una creciente presión para que los sectores económicos emprendan acciones destinadas a promover y respetar los derechos humanos y la demanda de empresas socialmente responsables es un pedido creciente de los consumidores.

Las empresas deben ser concientes del impacto que sus procesos productivos generan con relación a sus trabajadores, a la comunidad y al medio ambiente, y adecuar en correspondencia sus prácticas y sus políticas. Pero también deben ser concientes que la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, dentro y fuera de la empresa, son vitales para asegurar la mejor calidad de vida de la sociedad y la estabilidad y el desarrollo de sus negocios. Los empresarios tienen la responsabilidad de ejercer un nuevo liderazgo comprometiéndose con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho y distanciándose de cualquier trasgresión a uno u otro.

Coincidimos en que debe convocarse a una reunión hemisférica para que "se produndice el diálogo sobre la responsabilidad social de las empresas y la creación de conciencia sobre asuntos claves a ser determinados, asi como para deliberar sobre las modalidades de promoción, de la elaboración, adopción e implementación, por el sector privado, de principios de buena conducta que fomenten su responsabilidad social y ambiental"(6-C). Pero a su vez, señalamos que es necesario avanzar hacia la adopción de normas internacionales que regulen las responsabilidades de las empresas en el campo de los derechos humanos, fijen estándares de referencia para las regulaciones nacionales y sirvan de respaldo a los Estados más débiles.

Sabemos que los puntos expuestos requieren de voluntad política para llevarse a cabo.

Las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado en ésta consulta regional, pretende contribuir a que esa voluntad exista y exprese las demandas ciudadanas. Confiamos en que se le dará la atención que merece.